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Dar el paso para buscar un abogado es una decisión importante, y el camino a seguir para la resolución de muchos de los problemas que se nos presentan en nuestro día a día. En nuestro bufete ponemos por encima de todo al cliente, su caso, y las posibles soluciones al mismo, lo que nos permite resolverlo con la mayor diligencia y eficacia que cada caso exige. Nuestro grupo de profesionales garantiza el máximo esfuerzo para dar una solución ajustada a las necesidades de cada persona. Además nuestro departamento de asesoría contable y fiscal puede ayudarle a sacar el máximo rendimiento a su negocio, para que sólo se tenga que preocupar de lo que realmente importa.

Acción de Desahucio y Enervación

La acción de desahucio es aquella que se inicia para el desalojo de un inmueble, lo que jurídicamente viene llamado en el lanzamiento. En este artículo me centro en hablar de la acción que viene dada por el impago de las rentas en un alquiler, por lo tanto de la acción de desahucio por impago de rentas. Según la ley el arrendador tiene derecho a hacer uso de esta acción en el momento en el que se produce el impago de las mensualidades correspondientes. Esto es así incluso aunque sólo estemos hablando de una mensualidad y de un retraso de poca entidad, es decir, que si la renta se debiera pagar entre los días 1 y 5 de cada mes y llegado el día 6 aún no se hubiera producido el mismo, se podría interponer la correspondiente demanda de desahucio y que después incluso de pagarse la demanda puede prosperar, ya que no está obligado el arrendador a soportar continuos retrasos en el pago de la renta. La jurisprudencia del TS no deja lugar a dudas en este sentido y la reciente sentencia del Alto Tribunal de 27 de marzo de 2014 hace referencia en este sentido indicando que en su fallo que: “el pago de la renta del arrendamiento de vivienda fuera de plazo y después de presentada la demanda de desahucio no excluye la resolución del contrato, y esto aunque la demanda se funde en el impago de una sola mensualidad de renta, sin que el arrendador venga obligado a soportar que el arrendatario se retrase de ordinario en el abono de las rentas periódicas.”

En este punto el TS también habla de la posibilidad de enervar la acción, que también quedaría salvaguardada en el caso de que se produjera el pago de las rentas adeudadas después de la presentación de la demanda. La enervación de la acción es un privilegio que tiene el arrendatario por el que pagando, dentro del plazo de 10 días dado por el secretario judicial, las cantidades que se deben deja sin efecto la acción de desahucio y, por lo tanto, salvaguarda su derecho. Pero esta opción es limitada a una sola vez en el transcurso de la vida del contrato arrendaticio, es decir, que si se produce de nuevo el impago de las rentas no se tendrá de nuevo esta posibilidad y por lo tanto la acción de desahucio llegará a sus últimas consecuencias.

Aún así hay que tener en cuenta que la ley establece también una prerrogativa en la que se establece lo siguiente: si se ha requerido de forma fehaciente al arrendatario las cantidades que se deben y transcurrido un mes desde la notificación se interpone la demanda y no se ha producido el pago de todas las cantidades, ya no habrá opción a la enervación, perdiéndose este derecho y por lo tanto la posibilidad de paralizar el procedimiento.

En un artículo posterior trataremos los momentos de la enervación según la regulación actual.

Manuel González Rojas
Abogado

Aprobado el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita

Nos hacemos eco del artículo que publica el Consejo General de la Abogacía Española sobre la aprobación del Proyecto de Ley de Justicia Gratuita, es bastante esclarecedor, veremos a ver en qué queda todo:

  • Aprobado el Proyecto de Ley, la Abogacía luchará para mejorar la norma durante su tramitación parlamentaria
  • Sindicatos, asociaciones de discapacitados o de consumidores y Cruz Roja también tendrán derecho a justicia gratuita independientemente de sus ingresos
  • Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones han visto elevado el umbral para beneficiarse de tres a cinco veces el IPREM (de 19.170 a 31.950 euros)
  • El texto incorpora como beneficiarias de justicia gratuita independientemente de sus rentas a las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos, como adelantó el Real Decreto de hace un año
  • También las de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por daños
  • El umbral para acceder a la justicia gratuita pasa de dos veces el SMI (14.910,28 euros) a 2,5 veces el IPREM (15.975,33)
  • En familias de cuatro o más miembros la referencia pasa de dos veces el SMI a ser el triple del IPREM (19.170,39 euros)
  • Circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad tendrán cobertura con ingresos de hasta cinco veces el IPREM (31.950,65 euros)
  • Los graduados sociales se incorporan al sistema en procedimientos laborales
  • Se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva al asegurar que nadie deje de acudir a los tribunales por carecer de recursos
  • Se establecen nuevos controles para evitar abusos y fraudes

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, ha aprobado el viernes 21 de febrero el Proyecto de Ley de Justicia Gratuita que por primera vez incluirá como beneficiarias, independientemente de sus ingresos, a las asociaciones de víctimas del terrorismo, junto a las de consumidores y usuarios, las de discapacitados, los sindicatos y representantes de los trabajadores, Cruz Roja,las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo.

Además,  el  texto  aprobado  eleva  el  umbral  para  que  puedan acogerse a esta prestación las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones. A partir de ahora tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950), mientras que antes para poder acceder tenían que tenerlos de menos de tres veces (19.170).

El proyecto de ley incorpora a los colectivos vulnerables y la elevación de umbrales previstos en el anteproyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros de 13 de enero de 2013. Para evitar cualquier perjuicio al ciudadano se adelantó la entrada en vigor de este beneficio a través del Real Decreto Ley 3/2013, de 22 de febrero, por el que se modifica el régimen de las tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y el sistema de asistencia jurídica gratuita.

Los colectivos incluidos en la justicia gratuita independientemente de sus rentas son las víctimas de violencia de género, terrorismo y trata de seres humanos, así como los menores y discapacitados psíquicos víctimas de abusos.

El texto, que sustituirá a la ley vigente de 1996 para adaptarla a la realidad actual, teniendo en cuenta la experiencia acumulada y las propuestas formuladas por las Administraciones Públicas y los Colegios profesionales implicados, también incluye a las víctimas de accidentes con secuelas permanentes que reclamen indemnizaciones por los daños sufridos.

El Proyecto de Ley amplía el número de beneficiarios al incorporar a las víctimas citadas con independencia de sus ingresos, pero también al elevar el umbral para acceder a la justicia gratuita. Así se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 119 de la Constitución, al asegurar que nadie deje de acudir a los tribunales por falta de recursos para litigar.

Con el texto aprobado se da un impulso al modelo español de justicia gratuita gracias no sólo a la incorporación de nuevos recursos fruto de la aplicación y vinculación del nuevo régimen de tasas judiciales, que garantizan  su  viabilidad,  sino  que  también  se  pone  coto  a  posibles abusos mediante sistemas de seguimiento en el que participan todas las partes que hacen posible la prestación de este beneficio.

Umbrales más altos

Teniendo en cuenta la jurisprudencia del Constitucional, que ha avalado el espíritu de la reforma aprobada hoy, el texto prevé que, dado que las tasas judiciales aumentan los costes procesales, se incrementen los umbrales hasta ahora vigentes para evitar que pueda verse limitado el acceso a la tutela judicial efectiva de quienes carecen de recursos. Por ello, el umbral de dos veces el salario mínimo interprofesional (14.910,28 euros al año) se ha elevado a 2,5 veces el Indicador de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que supone 15.975,33 euros al año, y hasta a tres veces cuando los miembros de la unidad familiar son cuatro (19.170,39). En los casos en los que el solicitante no forme parte de una unidad familiar el umbral se sitúa en dos veces el IPREM.

Cuando se den circunstancias especiales, familiares, de salud o de discapacidad, los costes de aquellos procesos relacionados con esta circunstancia estarán cubiertos por la justicia gratuita. El límite para poder acceder a este derecho se eleva de cuatro veces el SMI (29.821 euros) a cinco veces el IPREM (31.950,65).

Víctimas

Con  independencia  de  la  insuficiencia  de  recursos  para  litigar,  el proyecto de ley incluye entre los beneficiarios de la justicia gratuita a las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos, así como a los menores de edad y a las personas con discapacidad psíquica víctimas de abuso o maltrato. En todos estos casos, la gratuidad se vincula a los procesos que se deriven de esa condición de víctimas.

Hasta ahora se les garantizaba la defensa jurídica especializada de forma inmediata, pero el acceso a la justicia gratuita seguía los requisitos generales, por lo que, si no se les reconocía el derecho, debían abonar después los gastos generados. Sin embargo, a partir de ahora siempre serán beneficiarias de justicia gratuita, lo que supone también quedar exento del pago de tasas.

Además, desde el mismo momento de interposición de la denuncia o en el asesoramiento previo dispondrán de atención jurídica especializada, mientras que los menores y las personas con discapacidad contarán con asistencia pericial especializada. Con esta medida se cumplen y amplían las recomendaciones marcadas en una reciente directiva del Parlamento Europeo y del Consejo de apoyo a las víctimas de delitos.

También serán beneficiarias de la justicia gratuita las víctimas de accidentes  que  sufran  secuelas  permanentes  tanto  cuando  les impidan desarrollar su actividad habitual como cuando requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más elementales. Esto les permitirá reclamar con beneficio de este derecho las indemnizaciones que les correspondan por los daños personales y morales sufridos.

Trabajadores y asociaciones

El proyecto mantiene el reconocimiento del derecho a la justicia gratuita de los trabajadores y beneficiarios del Sistema de Seguridad Social en la primera instancia del orden Social. Además, el texto incorpora la posibilidad de que la representación en procedimientos laborales pueda recaer en graduados sociales. En los escasos casos en los que son los trabajadores los que recurren en suplicación tendrán una bonificación del 60% de la tasa prevista.

Cruz Roja, las asociaciones de víctimas del terrorismo o en defensa de las personas con discapacidad, las de consumidores y usuarios, los sindicatos y los representantes de los trabajadores, así como las entidades gestoras de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo tendrán derecho a la justicia gratuita siempre que ejerciten acciones en defensa de sus intereses específicos. Las asociaciones de utilidad pública y las fundaciones tendrán derecho si sus beneficios anuales son inferiores a cinco veces el IPREM (31.950), mientras que antes para acceder a esta prestación debían ser menores de tres veces (19.170).

Elegir prestaciones

El texto aprobado hoy por el Consejo de Ministros introduce la posibilidad de que el beneficiario de la justicia gratuita elija qué prestaciones de las previstas en este derecho desea obtener, lo que, por ejemplo, en el caso de las mujeres maltratadas podrá hacerles evitar el pago de la tasa correspondiente, pero ser representadas por un abogado de su elección y no por uno de oficio, si así lo desean.

Las prestaciones que comprende el derecho a la justicia gratuita son: asesoramiento y orientación, así como información sobre la mediación  y  otros  medios  extrajudiciales;  asistencia  y representación gratuita de abogado y procurador; inserción gratuita de anuncios o edictos; exención del pago de tasas y depósitos; asistencia pericial gratuita; obtención gratuita de copia, testimonio, instrumentos  y  actas  notariales,  y  reducción  del  80%  de  los derechos arancelarios que les sean requeridos por el órgano judicial.

Además,  por  primera  vez,  la  ley  recoge  expresamente  a  los imputados y a los reclamados por euroórdenes, ya que hasta ahora la norma sólo mencionaba a los presos y detenidos como posibles beneficiarios de la justicia gratuita si sus ingresos eran inferiores a los umbrales establecidos.

Control del fraude

La futura ley prevé la creación de un comité de consultas en el seno del Ministerio de Justicia para asegurar una interpretación homogénea. Además, si en el plazo de cuatro años el beneficiario viene a mejor fortuna (sus ingresos son el doble del umbral por el que en su día tuvo derecho a la justicia gratuita), la parte contraria podrá reclamarle los costes que le fueron impuestos.

Se incrementan las facultades de averiguación patrimonial por parte de los Colegios de Abogados y las Comisiones de Asistencia Jurídica Gratuita. También se estableceuna presunción de abuso de derecho a partir de la tercera vez que en un año se acude a la justicia gratuita, salvo en el orden penal. Esto no significa que a partir de la cuarta petición  se  deje  de  prestar  la  asistencia  requerida,  sino  que  se comprobará si está justificada y sólo en ese caso se atenderá la solicitud.

El órgano judicial podrá apreciar la existencia de abuso de derecho por el beneficiario de la asistencia jurídica gratuita y la revocará y podrá condenarle en costas.

El texto da respuesta, además, a un problema denunciado con frecuencia por los Colegios profesionales: el cobro de la actuación desempeñada en el  orden  penal  cuando  se  es  designado  abogado  de  oficio  de  una persona que finalmente no tiene derecho a la justicia gratuita. La Administración se compromete a abonar directamente los servicios prestados en los cinco primeros días.

Los trámites para la obtención del derecho se agilizarán mediante el empleo de medios electrónicos, como el expediente electrónico de justicia gratuita, que será obligatorio en las comunicaciones entre Administraciones y con los Colegios profesionales.

Salarios y despidos contrarreloj

  El tiempo corre en contra de los trabajadores que, en las circunstancias actuales, se ven avocados a aceptar por miedo las condiciones precarias impuestas por sus jefes. Y digo que el tiempo corre por que hay plazos limitados para que el trabajador pueda reclamar lo que es suyo y desde aquí quiero hacer una puntualización respecto a este tema en los apartados que son más recurrentes a priori.

  En primer lugar el tema del pago de los salarios. Actualmente se producen muchos retrasos en el pago de los salarios, muchas veces por causas no imputables a los empresarios, pero sin duda, el que no tiene la culpa es el trabajador, que debe seguir pagando las facturas. En este punto se debe ser escrupuloso y pedir el pago de los salarios en el momento debido y respecto al tiempo hay que tener presente que tenemos sólo 1 año para pedir los salarios impagados, por lo que no podemos dejar el tiempo pasar alegremente. Se da la situación que a veces se intenta dar largas y esperanzas vanas para hacer transcurrir el plazo de caducidad y, lamentablemente, una vez traspasado el umbral del año no hay marcha atrás, esos salarios estarán perdidos. Además hay que tener en cuenta el hecho de que el no pagar al empleado o tener faltas reiteradas en el cumplimiento del plazo de pago de los salarios, es causa justa para el trabajador de pedir la rescisión del contrato y no por ello se perderá el derecho a cobrar el paro. Y según establece el artículo 50 de ET, la indemnización que corresponde al trabajador en este caso sería la de un despido improcedente, con lo que ello conlleva en el aumento de la misma.

  En segundo lugar el despido. En este caso el plazo para interponer la demanda se reduce considerablemente y pasa a ser de tan sólo 20 días, y al igual que el plazo anterior, estamos hablando de caducidad, por lo que es improrrogable. Hay que estar muy atento respecto al tiempo y ponerse cuanto antes manos a la obra para preparar la demanda, ya sea uno mismo o poniéndose en manos de un profesional. Es imprescindible, por lo que decimos, que se actúe con celeridad, no se deje pasar el tiempo y por su puesto que no se deje uno engañar con falsas promesas de un trabajo futuro que puede o no llegar, pero, sin duda, lo que no llegará más serán las posibilidades de demandar por su derecho.

Miércoles 20N

  El próximo Jueves día 20 de noviembre habrá concentraciones de juristas en los principales juzgados de España, convocados por el Consejo General de la Abogacía Española. Espero, sinceramente, que seamos muchos los que nos concentremos y apoyemos la manifestación, quiero creer que lleguemos a ser tantos que tengan que escucharnos. Al inicio de este párrafo he dicho que serán juristas los que se manifestarán y lo he hecho a propósito, no sólo seremos abogados, si no que espero que se unan a nosotros los procuradores, jueces, secretarios y demás operadores del derecho, todos unidos contra la injusticia y la desfachatez de un Gobierno que quiere abofetearnos impunemente y que encima callemos, no sólo eso, quiere que pongamos la otra mejilla pidiendo más. Pues de eso nada.

  Empiezo de nuevo…

  “El próximo Jueves día 20 de noviembre habrá concentraciones de ciudadanos en los principales juzgados de España, […]” así es como realmente me gustaría que empezara este artículo, es más, así debería de empezar y así debería de ser porque los que se manifiesten debiéramos ser todos los ciudadanos, no sólo los que trabajan en algo relacionado con la justicia o el derecho, si no todos las personas, por que se nos ha quitado el derecho a acceder a la Justicia en igualdad de condiciones para defender nuestros Derechos, es así de claro y tajante: ya no somos iguales ante la ley, si es que alguna vez lo habíamos sido. En fin, nuestra labor es, de aquí al 20N, hablar al ciudadano, convencerlo de que apoye la iniciativa que vengan a la manifestación. Que no digan al día siguiente que “es algo de juristas”, no, sino que son los ciudadanos en la calle luchando por sus derechos, de eso es de lo que se tendría que hablar el 21 de noviembre en los periódicos, de personas junto a personas que luchan por una causa común.

Manuel González Rojas
Abogado