La Doctrina Parot

  Mucho se está hablando ahora sobre esta doctrina que en su día, en el año 2006, el Tribunal Supremo sentó como base de lo que se consideró la solución a las injusticias de un Código Penal excesivamente liviano. Ahora vemos en la calle las reacciones de la gente que, indignada, se manifiesta y clama por lo que considera una injusticia. El Gobierno además apoya estas causas y se rasga las vestiduras aclamando su descontento. Esto último es lo que más perplejo me deja, y no por que no lo esperase, eso no, eso y más esperaba yo de nuestra clase política; es de la falta de memoria de lo que me sorprendo. Desde ahora quiero dejar muy claro que con estas líneas no pretendo ofender, aunque sí molestar y me explico:

1) No quiero ofender, porque las víctimas merecen todo el respecto, porque es comprensible su indignación y porque, desde luego,  tienen todo el derecho a sentirse vilipendiados. Esto no lo niega nadie y menos yo.

2) Quiero molestar, porque mi intención es hacer que el indignado por esta sentencia fundada en derecho, entienda el Derecho y, una vez entendido los motivos, se funde su propia idea. Molestarse por conocer, para después reflexionar y dar nuestra opinión. Se nos está olvidando como se hace, vamos a recordarlo.

  No voy a contar aquí quién es Henri Parot, se ha escrito mucho acerca de este personaje, bastante diría yo. Pero sí comentaré brevemente en que consiste la doctrina que lleva su nombre de forma muy clara y gráfica, para que todos nos entendamos:

  El Código Penal de 1973 era muy blando para los delitos graves, tanto es así que el máximo de años que un preso podía pasar el prisión era de 30 años y además podía reducir la condena en caso de que se dieran varios condicionantes. Uno de ellos el buen comportamiento, es decir, que el preso no fuera problemático. Por otro lado el trabajo o estudio, así por cada dos días de trabajo efectivo se reducía la condena en un día. De esta manera un preso podía ver reducida su condena significativamente. Por ejemplo, un preso condenado a una pena de 30 años podría salir de prisión a los 20 años de cumplimiento si hubiese trabajado durante todo el tiempo de estancia en la cárcel, esto es, 10 años menos de condena efectiva. Esto creaba una inseguridad a las víctimas muy grande y un gran desconcierto social al ver como los mayores asesinos y criminales conocidos podían ver reducida la pena y salir de prisión mucho antes de lo previsto. Esta es la situación que había hasta la reforma del CP de 1995.

  El 28 de Febrero de 2006 el Tribunal Supremo establece la jurisprudencia conocida como Doctrina Parot, por la que los beneficios penitenciarios de reducción de condena que se establecían para todos aquellos presos que habían sido juzgados por la ley de 1973 se seguirán aplicando, pero los años se restarían de la pena total impuesta y no de la que efectivamente se cumpliría. En la práctica significaba que estos presos cumplirían la pena completa, es decir, los 30 años que se establecían como máximo en el CP de 1973.

   El problema es que hasta 1995, fecha en la que se reforma el CP, no se hace nada para remediar esto y es aquí donde quiero incidir. No se hace nada desde 1973, 22 años. El problema estaba ahí, el futuro se atisbaba negro, pero no se hizo nada. Y los mismos políticos que claman ahora al cielo por la grave injusticia cometida, los que pudieron hacer algo y no lo hicieron, pretenden hacernos creer que no tenían opción y que el malo del cuento es el Tribunal de Derechos Humanos. Por favor. La opción hubiera sido un proyecto o proposición de Ley Orgánica que hubiera modificado el CP mucho antes y anular así la necesidad de remiendos jurisprudenciales.

  El 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló favorablemente ante el recurso de la etarra Inés del Río interpuesto frente a la ilegalidad de la Doctrina Parot, el Gobierno recurrió esta sentencia y manifestó su descontento e indignación.

  Ahora la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ratifica la anterior sentencia y declara  lo que ya sabían nuestros jueces y nuestros políticos, que la aplicación retroactiva de esta jurisprudencia es ilegal. Y lo es, no por que vulnere la Convención Europea de Derechos Humanos, que también, concretamente los artículos 7 y 5.1, si no por vulnerar la Constitución Española que en su artículo 9.3 garantiza la irretroactividad  de las disposiciones sancionadoras no favorables. Ojo, el Gran Tribunal no fallaba en contra de la jurisprudencia en si, si no en contra de su irretroactividad:

  “El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible

Sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 21 de octubre de 2013, Caso Del Río Prada versus España, proced. 42750/09.”

 

  Tenemos los elementos: qué es, por qué fue, las consecuencias y los resultados. Conocemos que hubo alternativas, que se pudo hacer de otro modo. Sabemos que puede parecer injusto, que duele. No voy a decir lo que pienso, aunque imagino que es evidente y por supuesto no voy a decir a nadie lo que tiene que pensar, pero sí espero que al menos haya servido para que nos molestemos en reflexionar, de eso se trata, que no es tan difícil y a veces se nos olvida.
Manuel González Rojas
Abogado