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La Doctrina Parot

  Mucho se está hablando ahora sobre esta doctrina que en su día, en el año 2006, el Tribunal Supremo sentó como base de lo que se consideró la solución a las injusticias de un Código Penal excesivamente liviano. Ahora vemos en la calle las reacciones de la gente que, indignada, se manifiesta y clama por lo que considera una injusticia. El Gobierno además apoya estas causas y se rasga las vestiduras aclamando su descontento. Esto último es lo que más perplejo me deja, y no por que no lo esperase, eso no, eso y más esperaba yo de nuestra clase política; es de la falta de memoria de lo que me sorprendo. Desde ahora quiero dejar muy claro que con estas líneas no pretendo ofender, aunque sí molestar y me explico:

1) No quiero ofender, porque las víctimas merecen todo el respecto, porque es comprensible su indignación y porque, desde luego,  tienen todo el derecho a sentirse vilipendiados. Esto no lo niega nadie y menos yo.

2) Quiero molestar, porque mi intención es hacer que el indignado por esta sentencia fundada en derecho, entienda el Derecho y, una vez entendido los motivos, se funde su propia idea. Molestarse por conocer, para después reflexionar y dar nuestra opinión. Se nos está olvidando como se hace, vamos a recordarlo.

  No voy a contar aquí quién es Henri Parot, se ha escrito mucho acerca de este personaje, bastante diría yo. Pero sí comentaré brevemente en que consiste la doctrina que lleva su nombre de forma muy clara y gráfica, para que todos nos entendamos:

  El Código Penal de 1973 era muy blando para los delitos graves, tanto es así que el máximo de años que un preso podía pasar el prisión era de 30 años y además podía reducir la condena en caso de que se dieran varios condicionantes. Uno de ellos el buen comportamiento, es decir, que el preso no fuera problemático. Por otro lado el trabajo o estudio, así por cada dos días de trabajo efectivo se reducía la condena en un día. De esta manera un preso podía ver reducida su condena significativamente. Por ejemplo, un preso condenado a una pena de 30 años podría salir de prisión a los 20 años de cumplimiento si hubiese trabajado durante todo el tiempo de estancia en la cárcel, esto es, 10 años menos de condena efectiva. Esto creaba una inseguridad a las víctimas muy grande y un gran desconcierto social al ver como los mayores asesinos y criminales conocidos podían ver reducida la pena y salir de prisión mucho antes de lo previsto. Esta es la situación que había hasta la reforma del CP de 1995.

  El 28 de Febrero de 2006 el Tribunal Supremo establece la jurisprudencia conocida como Doctrina Parot, por la que los beneficios penitenciarios de reducción de condena que se establecían para todos aquellos presos que habían sido juzgados por la ley de 1973 se seguirán aplicando, pero los años se restarían de la pena total impuesta y no de la que efectivamente se cumpliría. En la práctica significaba que estos presos cumplirían la pena completa, es decir, los 30 años que se establecían como máximo en el CP de 1973.

   El problema es que hasta 1995, fecha en la que se reforma el CP, no se hace nada para remediar esto y es aquí donde quiero incidir. No se hace nada desde 1973, 22 años. El problema estaba ahí, el futuro se atisbaba negro, pero no se hizo nada. Y los mismos políticos que claman ahora al cielo por la grave injusticia cometida, los que pudieron hacer algo y no lo hicieron, pretenden hacernos creer que no tenían opción y que el malo del cuento es el Tribunal de Derechos Humanos. Por favor. La opción hubiera sido un proyecto o proposición de Ley Orgánica que hubiera modificado el CP mucho antes y anular así la necesidad de remiendos jurisprudenciales.

  El 10 de julio de 2012 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló favorablemente ante el recurso de la etarra Inés del Río interpuesto frente a la ilegalidad de la Doctrina Parot, el Gobierno recurrió esta sentencia y manifestó su descontento e indignación.

  Ahora la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo ratifica la anterior sentencia y declara  lo que ya sabían nuestros jueces y nuestros políticos, que la aplicación retroactiva de esta jurisprudencia es ilegal. Y lo es, no por que vulnere la Convención Europea de Derechos Humanos, que también, concretamente los artículos 7 y 5.1, si no por vulnerar la Constitución Española que en su artículo 9.3 garantiza la irretroactividad  de las disposiciones sancionadoras no favorables. Ojo, el Gran Tribunal no fallaba en contra de la jurisprudencia en si, si no en contra de su irretroactividad:

  “El tribunal estima que la demandante no podía prever que el Tribunal Supremo modificaría su jurisprudencia en febrero de 2006 ni que tal modificación le sería aplicada y supondría aplazar en casi nueve años la fecha de su puesta en libertad, del 2 de julio de 2008 al 27 de julio de 2017. Por lo tanto, la demandante ha cumplido una pena de prisión superior a la que tendría que haber cumplido según el sistema jurídico español en vigor en el momento de su condena. Por consiguiente, corresponde a las autoridades españolas garantizar su puesta en libertad en el plazo más breve posible

Sentencia del Tribunal Europeo de Estrasburgo de 21 de octubre de 2013, Caso Del Río Prada versus España, proced. 42750/09.”

 

  Tenemos los elementos: qué es, por qué fue, las consecuencias y los resultados. Conocemos que hubo alternativas, que se pudo hacer de otro modo. Sabemos que puede parecer injusto, que duele. No voy a decir lo que pienso, aunque imagino que es evidente y por supuesto no voy a decir a nadie lo que tiene que pensar, pero sí espero que al menos haya servido para que nos molestemos en reflexionar, de eso se trata, que no es tan difícil y a veces se nos olvida.
Manuel González Rojas
Abogado

Protección de Datos

La ley orgánica 15/1999 de 18 de Diciembre y las normas de que la desarrollan, sobre todo el Real Decreto 1720/2007, establecen el marco dentro del cual las empresas y autónomos deben establecerse para respetar los derechos y libertades de las personas físicas en lo concerniente a su datos personales, su intimidad y honor. Además se le da la posibilidad al ciudadano de elegir si quiere o no que sus datos de carácter personal estén en los ficheros de estas empresas y entidades y también de cancelar datos que ya no se quieren que consten en los ficheros, entre otros derechos.

Desde este artículo no vamos a desgranar paso por paso la ley y el reglamento, sería demasiado largo y farragoso, no es el objetivo del mismo, si no que intentaré dar una imagen global de lo que la ley pretende, los principios en los que se basa y los derechos que tiene el ciudadano que cede esos datos. Empezamos con un poco de terminología básica:

  • La Agencia Española de Protección de Datos.

Para empezar hemos de nombrar, al menos, a esta Agencia. Es ella la encargada de velar por que la ley y la reglamentación se están cumpliendo en cada una de las empresas afincadas en España. Esta entidad es independiente a la administración y se autofinancia con las sanciones que pone a los que no cumplen la normativa. Esto quiere decir que a más sanciones más presupuesto, por lo que cuida bien el hacer su trabajo y auditar a las empresas con cierta regularidad.

  • Responsable del fichero.

Es el que crea los ficheros en los que se va a almacenar los datos de las personas físicas y, por lo tanto, su responsable último. En esta persona recae la tarea de informar a la Agencia la creación de los ficheros, el tipo de información contenidos en ellos y la forma de tratamiento que tendrá.

  • Encargado del tratamiento.

Esta es la persona que, sin ser el responsable, trata con los datos por algún tipo de relación contractual, excluyendo la laboral, y siempre dirigida a la prestación del servicio pactado con el cliente. Por ejemplo: una asesoría contable, en el caso de un despacho de abogados.

  • Fichero

Tanto hablar de ficheros y aún no sabemos que es, pues bien, un fichero es todo aquel soporte, ya sea físico o digital, en el que se almacenan y tratan los datos de carácter personal que son protegidos por esta ley. En este concepto entran tanto programas automatizados, como un exel o un programa de gestión de despachos, como también un archivador de carpetas flotantes.

Los principios básicos en los que se basa la ley son los siguientes:

  1. Calidad de los datos: serán tratados únicamente los datos para la finalidad para la que fueron recogidos. Deben ser exactos, esto implica que deben ser actualizados y que no pueden almacenarse indefinidamente sin justificación.
  2. Información: el interesado debe ser informado previamente a la recogida de estos datos y la finalidad del fichero en el que se almacenarán. Además se debe también informar al interesado de los derechos que le asisten y que se detallan más adelante.
  3. Consentimiento del afectado: se debe obtener el consentimiento inequívoco del interesado para poder llevar a cabo el tratamiento de los datos.
  4. Seguridad de los datos: el responsable del fichero está obligado a aplicar las medidas necesarias para garantizar la integridad de los datos, como por ejemplo el deber de secreto de los datos tratados.

Pasamos ahora a establecer cuáles son los pasos, de forma somera, del responsable del fichero para poder adecuar su empresa a la legislación, de todos estos pasos puede encargarse una empresa especializada, como nuestro bufete:

  1. Tendría que realizar una auditoría previa. Mediante esta paso se establece el perfil de la empresa, los distintos ficheros de gestión de datos que se tienen y el nivel de protección de las medidas a adoptar.
  2. Un segundo paso sería la elaboración del documento de seguridad. En este documento se debe establecer el “modus operandi” de la protección de datos en la empresa, todas las medidas de seguridad que se implantarán, así como las personas que van a poder acceder a los diferentes ficheros. Este documento es privado, de la empresa, pero puede ser requerido por la Agencia y, en ese caso, debe ponerse a disposición de la misma.
  3. Después de esto se debe comunicar a la Agencia los ficheros de los que se dispone, el sistema de uso, el tipo de datos que contienen y el nivel de protección que se debe implantar en ello. Para este paso se accede a la página de la agencia y se rellenan los cuestionarios correspondientes.
  4. Después de todo lo anterior, y de haber implantado las medidas de seguridad indicadas en el documento de seguridad, se debe hacer un seguimiento constante de todo, para que no se deteriore la seguridad en ningún caso.
  5. Por último se han de realizar, con carácter obligatorio, auditorias cada dos años. Al finalizar las mismas se redactará un informe detallado del resultado, indicando los defectos de los que se adolece y los cambios que se deben producir para adecuar la empresa a la ley.

Los derechos que asisten a las personas físicas:

  1. Derecho de acceso: el ciudadano tiene el derecho a conocer en todo momento el fichero en el que está incluido sus datos personales y puede saber para qué se están utilizando, para ello sólo tiene que acudir a la web de la Agencia y buscar el fichero correspondiente. La empresa también debe facilitar esta información, para ello tendrá un plazo de 30 días.
  2. Derecho de rectificación: permite corregir errores o modificar los datos que sean inexactos. Se tendrá que responder a esta petición en el plazo de 10 días.
  3. Derecho de cancelación: como su nombre indica, es el derecho que se tiene de que se cancelen los datos que obran a disposición de las empresas. Estos datos deben cancelarse en un plazo máximo de 10 días desde la recepción de la solicitud.
  4. Derecho de oposición: este derecho asiste al ciudadano en caso de que quiera bloquear determinado tratamiento para sus datos, por ejemplo el envío de publicidad.

Todos estos derechos son de carácter personales e intransferibles, por lo que es muy importante que la persona que los va a ejercitar se identifique de forma suficiente, por lo que no es raro que se soliciten copias de DNI o documentos similares. Además su ejercicio es siempre gratuito y se debe facilitar siempre, por parte de la entidad que trata los datos, los medios para poder ejercerlos, esto es, direcciones, correos electrónicos, teléfonos, etc.

Esperamos que les haya servido como aclaración, al menos, de lo que es y para lo que sirve la LOPD, además de los derechos de los que puede valerse en caso de ser necesario.

Para cualquier duda con respecto a la LOPD puede ponerse en contacto con nosotros, le atenderemos encantados.

Manuel González Rojas
Abogado

Tasas Judiciales

En este primer artículo abordamos un tema que preocupa a toda la comunidad jurídica y también al ciudadano que es el que en última instancia asume al coste de la misma, lo que encarece bastante el procedimiento judicial. Desde estas líneas intentaremos arrojar algo de luz para que podamos tener claro si se tiene que pagar o no y, si estamos obligados, cuanto sería. Pero si se quiere realizar una consulta directa del caso concreto no dude en preguntarnos.

Lo primero a tener en cuenta son las jurisdicciones a las que afecta, estas son:

  1. Orden Civil
  2. Contencioso Administrativo
  3. Social

Por lo tanto los asuntos penales quedan fuera de esta ley y de la obligación de pagar la tasa, tanto a la hora de interponer denuncia, querella o incluso recurso de apelación.

Hay que matizar además que en el orden jurisdiccional social la tasa sólo afecta al recurso de suplicación y al de casación según la ley, pero que el Tribunal Supremo estableció que esta tasa no era exigible al trabajador, ni beneficiario de la seguridad social ni funcionario que recurriera en suplicación o casación. Tampoco lo es para los sindicatos, por lo que en este orden se restringe mucho su aplicación.

Son en los órdenes civiles y administrativos donde la tasa despliega toda su efectividad, abarcando prácticamente a todos los ámbitos procesales. En el orden civil se ven afectados:

  • Todos los procedimientos declarativos, tanto en la interposición de la demanda como en las reconvenciones.
  • También las ejecuciones y
  • La interposición inicial de monitorios para importes superiores a los 2000 euros.
  • Apelaciones y Casación.
  • Recurso extraordinario por infracción procesal.

En el orden administrativo:

  • Recurso contencioso-administrativo
  • Apelación y Casación.

Las personas que están obligadas a pagarlas son todas aquellas que promuevan la actividad jurisdiccional, es decir, aquellos que inicien el procedimiento. El caso más claro es el de la persona que interpone la demanda, esta tendrá que pagar la tasa. Se está discutiendo actualmente por el hecho de que sea requisito o no indispensable el pagar la tasa para poder presentar la demanda y hacer funcionar el mecanismo judicial. Una corriente importante estima que no, ya que el pago de una tasa no deja de ser una obligación tributaria que nada tiene que ver con el ejercicio efectivo del derecho a la defensa de los derechos del ciudadano y que, por lo tanto, estaríamos ante una clara vulneración del artículo 24 de la Constitución. Por lo tanto, según esta corriente (que suscribimos), el impago de la tasa generará la preceptiva multa tributaria que se ejercitará por vía de apremio como cualquier otra obligación de este tipo, pero sin menoscabar el derecho a la defensa, por lo que la presentación de la demanda sería correcta y surtiría todos los efectos legales oportunos.

Después de la enumeración de los casos en los que correspondería abonar la tasa, la ley pasa a indicar las diferentes exenciones:

a) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos en relación con los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores regulados en el título I del libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. No obstante, estarán sujetos al pago de la tasa los procesos regulados en el capítulo IV del citado título y libro de la Ley de Enjuiciamiento Civil que no se inicien de mutuo acuerdo o por una de las partes con el consentimiento de la otra, aun cuando existan menores, salvo que las medidas solicitadas versen exclusivamente sobre estos.Ir a Norma modificadora

b) La interposición de demanda y la presentación de ulteriores recursos cuando se trate de los procedimientos especialmente establecidos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, así como contra la actuación de la Administración electoral.

c) La solicitud de concurso voluntario por el deudor.

d) La interposición de recurso contencioso-administrativo por funcionarios públicos en defensa de sus derechos estatutarios.

e) La presentación de petición inicial del procedimiento monitorio y la demanda de juicio verbal en reclamación de cantidad cuando la cuantía de las mismas no supere dos mil euros. No se aplicará esta exención cuando en estos procedimientos la pretensión ejercitada se funde en un documento que tenga el carácter de título ejecutivo extrajudicial de conformidad con lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

f) La interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

g) La interposición de la demanda de ejecución de laudos dictados por las Juntas Arbitrales de Consumo.Ir a Norma modificadora

h) Las acciones que, en interés de la masa del concurso y previa autorización del Juez de lo Mercantil, se interpongan por los administradores concursales.Ir a Norma modificadora

i) Los procedimientos de división judicial de patrimonios, salvo en los supuestos en que se formule oposición o se suscite controversia sobre la inclusión o exclusión de bienes, devengando la tasa por el juicio verbal y por la cuantía que se discuta o la derivada de la impugnación del cuaderno particional a cargo del opositor, y si ambos se opusieren a cargo de cada uno por su respectiva cuantía.

Además de estas exenciones, en la ley se establecen otras de carácter subjetivo, en este listado se exceptúa el pago al Estado, CCAA y entes locales, además de a todos los organismos públicos que dependen de estas administraciones, lo que abarca prácticamente a todo el ámbito administrativo, también a las Cortes Generales, Asambleas Legislativas de las CCAA y el Ministerio Fiscal. Pero, lo más relevante, es que también exceptúa a las personas que solicitaron el beneficio de justicia gratuita y se les fue concedido.

Analizamos ahora lo que quizás más interesa, ¿cuánto tengo que pagar si quiero iniciar un procedimiento judicial? Pues bien, para responder a esta pregunta hay que entender primero que el cálculo de la tasa se realiza mediante dos parámetros, uno de ellos es fijo y el otro varía según la cuantía del pleito.

Cuota Fija en el Orden Civil

  1. Verbal y cambiario: 150€
  2. Ordinario: 300€
  3. Monitorio, monitorio europeo y demanda incidental en el proceso concursal: 100€
  4. Ejecución extrajudicial y oposición a la ejecución de títulos judiciales: 200€
  5. Concurso necesario: 200€
  6. Apelación: 800€
  7. Casación y extraordinario por infracción procesal: 1200€

Cuota Fija en el Orden Contencioso Administrativo

  1. Abreviado: 200€
  2. Ordinario: 350€
  3. Apelación: 800€
  4. Casación: 1200€

De estas cuantías podemos destacar el precio excesivo de la apelación. Este recurso “era de carácter ordinario“, en la práctica un recurso que se puede interponer ante cualquier desestimación en primera instancia y  la gran defensa contra las sentencias dictadas que consideramos injustas. Con la aplicación de esta tasa se está coartando en gran medida el derecho del ciudadano a luchar por lo que considera justo y, por ende, también se está vulnerando derechos fundamentales del mismo. Ahora, con este “impuesto revolucionario” será un recurso que rara vez se verá en los juzgados, sólo para aquellos casos en los que el ciudadano pueda permitírselo, lo que, seguramente, excluya a la actual clase media del país.

En el orden Social:

  1. Suplicación: 500€
  2. Casación: 750€

Una vez establecido el tipo de procedimiento que vamos a seguir y tener el coste de la parte fija del mismo, tenemos que sumarle el variable que para personas físicas es un 0,1 % de la cuantía del pleito, con un límite de 2000 euros. Para personas jurídicas el porcentaje es superior, siendo de 0,5% hasta el millón de euros y de 0,25% en adelante, con un máximo de 10000 euros.

Así por ejemplo, imaginemos que estamos ante un procedimiento civil ordinario en el que se está demandando por la devolución de una entrada por la compra de un piso que después no se llegó a realizar. E imaginemos que lo que se reclaman son 20000 euros por ese concepto:

  • Tendríamos entonces un procedimiento ordinario con un coste de 300 euros
  • Una cuantía variable de 0,1 % de 20000, dando como resultado 20 euros. 
  • El montante total de la tasa sería de 320€

Para que no todo sean malas noticias, si al final de todo el procedimiento termina por acuerdo de las partes o allanamiento, o, siendo la adminsitración la que fue demandada, reconociera todas las pretensiones que se pedían; se devolverá al demandante el 60% de lo ingresado. 
En nuestro ejemplo anterior, si se llegara a un acuerdo que finalizase el procedimiento se devolvería la cantidad de 192 euros. 

Además habría también una devolución, en este caso del 20%, en caso de que haya acumulación de procesos.

Por último indicar que en los procedimientos contenciosos administrativos que fueran resultado de impugnaciones sancionadoras (por ejemplo multas de tráfico) el montante de la tasa, sumados todos los elementos, nunca puede superar el 50% de la cuantía de la sanción reclamada. Con este inciso se mitiga en parte la indefensión que se causa al intentar reclamar una sanción de la administración que no sea de mucha cuantía.

Este es un resumen del panorama judicial que tenemos actualmente. El coste del procedimiento ya es de por sí elevado en algunas ocasiones, como para además añadir una losa adicional al ya castigado bolsillo. Pero además es que esta ley, no nos engañemos, afecta directamente a la llamada clase media, que actualmente no puede permitirse estos costes. Las personas que puede acogerse a la justicia gratuita no se ven afectadas y a las que tienen ingresos cuantiosos no les supone impedimento el pago de la misma para poder ejercer sus derechos. Es el ciudadano medio, el que tiene un sueldo y una hipoteca, el que tendría que hacer frente a la tasa si quiere reclamar sus derechos frente a la justicia.

Es por eso que la mayoría de abogados nos oponemos frontalmente a este ley de tasas, que en nada beneficia a la justicia española, ya castigada y menos valorada. Hay muchas fórmulas para la agilización de la justicia, muchos frentes por los que se podría iniciar un cambio en ese sentido, pero desde luego no a costa de los derechos de los ciudadanos.

Para no dejar el mal sabor de boca he de comentar, por último, que las tasas judiciales están incluidas dentro del concepto de costas judiciales, por lo que en caso de que se gane el juicio y haya condena en costas para la otra parte, esta tendrá que abonar el coste de la misma.

Manuel González Rojas
Abogado

Añadimos a este artículo un complemento muy interesante referido a una consulta resuelta por la Dirección General de Tributos en relación a las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal y las consecuencias, es el siguiente:

La Dirección General de Tributos, en consulta vinculante V0227-13, de 29 de enero de 2013 (SP/DGT/42266), “Aplicabilidad de las tasas judiciales establecidas en la Ley 10/2012 a las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal“, informa que “(…) en el marco de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, consideró que las Comunidades de Propietarios estaban exentas del pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo, en tanto en cuanto las reclamaciones que interponen como tales «son instadas por personas físicas en nombre y representación de los copropietarios, lo que lleva a asimilar su régimen propio al de aquellas», exentas de acuerdo con la Ley 53/2002. Dado que no existe una previsión genérica de exención para las personas físicas en el artículo 4 de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, las Comunidades de Propietarios en régimen de propiedad horizontal quedan sujetas sin exención al pago de la Tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en los órdenes civil, contencioso-administrativo y social que establece la citada Ley“.

 

No obstante, al carecer las comunidades de propietarios en régimen de propiedad horizontal de personalidad jurídica propia, deberán resultarles de aplicación los apartados 1 y 3 del art. 7 de la Ley 10/2012, es decir, aplicarles el variable de las personas físicas (cantidad que resulte de aplicar a la base imponible un tipo del 0,1 por ciento con el límite de cuantía variable de 2000 euros), tal y como reconoce la Dirección General de Tributos en la consulta vinculante V3738-13, de 26 de abril de 2013.

Gracias a nuestro compañero José Carlos Pérez Berengena por el aporte.